L?MITES CONSTITUCIONALES APLICABLES A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA DURANTE EL PROCESO DE FISCALIZACI?N VERSUS EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

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El Estado, a trav?s de la Constituci?n Pol?tica de la Rep?blica de Nicaragua (la Constituci?n, Cn.) y las leyes aplicables, ha asignado a la Direcci?n General de Ingresos (DGI) una serie de facultades entre las que se encuentran la de fiscalizaci?n, la cual est? encaminada a verificar que los contribuyentes est?n declarando y pagando sus impuestos de forma ?ntegra y correcta. En consecuencia, este procedimiento pretende investigar, controlar, y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Durante el procedimiento de fiscalizaci?n, la DGI act?a de conformidad con el C?digo Tributario y sus reformas que le asigna en su art?culo 12 ≪la facultad, obligaci?n y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligaci?n tributaria≫. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los art?culos 112 y 113 Cn, relacionados con el Presupuesto General de la Rep?blica. No obstante lo anterior, cabe cuestionarse si esta facultad de fiscalizaci?n autoriza a dicha entidad a solicitar informaci?n que pudiese afectar el derecho a la privacidad del contribuyente, un derecho constitucional establecido en el art?culo 26. ?Qu? l?mites tiene la discrecionalidad que le otorga la legislaci?n vigente a la DGI? ?Qu? alternativas tiene el contribuyente para defender su derecho constitucional a la privacidad? En el presente art?culo se lleva a cabo un an?lisis de las facultades discrecionales que tiene la DGI, as? como sus implicaciones en los derechos fundamentales de los contribuyentes. Como base para este art?culo hemos consultado leyes, reglamentos, publicaciones cient?ficas, sentencias, entre otros.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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